El vía crucis que le toca vivir a los bogotanos para poder impugnar un foto comparendo
En la actualidad, los bogotanos, por culpa del actuar de la Administración, en especial, por culpa del actuar la Secretaría Distrital de movilidad de Bogotá D.C, están siendo obligados a vivir un calvario cuándo estos, se deciden a impugnar un foto comparendo.
No solo tienen que verse obligados los ciudadanos a que se les interponga una sanción ilegal, pues como es sabido, los foto comparendos no tienen validez jurídica en el territorio nacional (exceptuando algunos, ejemplo SOAT, Tecno mecánica) en virtud de lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C038-2020, sino que ahora también, tienen que sufrir una interminable espera para poder impugnar dichas sanciones.
El el artículo 12 de la ley 1843 de 2017, establece que, las Secretarías de Tránsito a nivel nacional deben disponer de un canal digital, para que los asociados puedan adelantar las respectivas audiencia de impugnación de foto comparendos; sin embargo, sí bien en la capital existe dicho canal virtual, es cierto que el mismo no sirve para mucho, pues a los ciudadanos les es imposible agendar las audiencias virtuales de impugnación, dado que la página web siempre está colapsada, y las pocas veces que funciona no arroja fechas disponibles para realizar el agentamiento respectivo.
Así las cosas, con su actuar, sistemáticamente la Secretaría Distrital de movilidad de Bogotá D.C, está vulnerando los derechos constitucionales de los bogotanos, en especial el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia.
Es una pena que, los ciudadanos están obligados a recurrir a la acción de tutela para que se les otorgue la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, es una pena ya que, es evidente como a la Administración, lo único que le importa es proceder con el recaudo de los dineros perseguidos con la imposición de foto detenciones de tránsito, sin tener en cuenta que dicho recaudo está basado en una actuación ilegal, que no goza de fundamento jurídico alguno, que va en contra de una sentencia de orden constitucional y de las garantías de los bogotanos.
